En relación al plazo abierto por la Junta de Castilla y León para presentar alegaciones por parte de las entidades locales a la propuesta de delimitación del mapa de Unidades Básicas de Ordenación de Servicios del Territorio (UBOST), el Ayuntamiento de Macotera en Salamanca, encontrándose dentro del mapa propuesto en la UBOST SARUR15, en este acto viene a presentar las correspondientes
ALEGACIONES REFRENDADAS POR TODOS LOS INTEGRANTES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, GRUPO POPULAR, VECINOS POR MACOTERA Y GRUPO SOCIALISTA
1ª) Las alegaciones presentadas por este Ayuntamiento en diciembre del 2015, alegaciones a la inicial propuesta de ordenación de la Junta de Castilla y León, no se han tenido en cuenta en absoluto en la propuesta actual, y no han variado en nada con la inicial.
No sólo no se han tenido en cuenta las alegaciones realizadas por este ayuntamiento, sino que tampoco se han tenido en cuenta las alegaciones realizadas por la mayoría de los ayuntamientos de la comarca sur de la UBOST propuesta, puesto que hubo un consenso mayoritario en la presentación de alegaciones y, nuevamente, la Junta de Castilla y León ha obviado nuestras solicitudes.
Es significativo que no sólo se ha obviado nuestras solicitudes y alegaciones, si no que coincidían con las presentadas por la Diputación de Salamanca en el documento PROPOSICIÓN DEL GRUPO POPULAR Y DEL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA AL INFORME SOBRE PROPUESTA DEL MAPA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN A EFECTOS DEL ART . 6- 2 DE LA LEY 7/2013, DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y GOBIERNO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN, publicado y comentado en numerosos medios de comunicación, que reflejaron las discrepancias de gran número de entidades locales y las pretensiones de la Junta de Castilla y León.
Una de las alegaciones presentadas en común y en el que coincide el documento de la Diputación de Salamanca, es que se ha impuesto un mapa no consensuado, ni consultado previamente. Parece que ese sigue siendo el interés de la Junta de Castilla y León imponiendo por la vía de hecho sus pretensiones y manteniendo su falta de sensibilidad con el medio rural.
Por esta razón, reiteramos que no se ha consultado con los respectivos ayuntamientos en el momento de iniciar la ordenación, siendo éstos los agentes más cercanos y activos al territorio. Se nos ha presentado a las corporaciones municipales un proyecto de ordenación ya aprobado “de facto”.
Se pretende imponer un modelo de ordenación territorial atendiendo exclusivamente a los criterios subjetivos de quienes aprueban la citada Ley, miembros del grupo Popular y Socialista en las Cortes, obviando los criterios de aquellas personas, también miembros del Grupo Popular y Socialista que mejor conocen las necesidades de los municipios, como lo son sus alcaldes y concejales.
2ª) Se ha utilizado solamente como criterio de ordenación de servicios aquellos coincidentes con las Zonas Básicas de Salud. Ese es el estado actual de ordenación de los servicios cuya competencia recae directamente en la Junta de Castilla y León. El problema surge cuando esta ordenación acaba con la independencia municipal de ordenación de sus servicios que se pretenden imponer a través de las Mancomunidades de Interés General.
Se debe respetar la voluntad asociativa de los municipios a través de las actuales Mancomunidades, evitando la creación de entes mayores de contratación, que no incrementan la eficacia en la misma, dando lugar a contratos de mayor envergadura, más difícil control de los criterios de contratación, pérdida de autonomía municipal en la adjudicación de los servicios a cada municipio y castigando a los proveedores de nuestras zonas rurales.
Reiteramos la pregunta que se realizó en las alegaciones de diciembre de 2015. ¿Existe alguna razón lógica que justifique la eliminación de las actuales mancomunidades, para ser sustituidas por otras de nueva creación y de dudosa eficacia?
¿Existe alguna razón lógica para haber delimitado y acotado recientemente dichas competencias a las Mancomunidades actuales, de tal forma que las han dejado reducidas a la mínima expresión?
Entendemos que, desde la Junta de Castilla y León no se debe coartar la libertad de los municipios para asociar sus servicios, asignando partidas presupuestarias adicionales y preferidas a estas Mancomunidades de Interés General que desde las Cortes de Castilla y León tanto interés tienen en crear. Nos alineamos totalmente con el documento referido de la Diputación de Salamanca, cuando se solicita “los mismos instrumentos financieros para las entidades existentes (ayuntamientos, mancomunidades) que para los de nueva creación (Mancomunidades de Interés General)”.
Y entendemos que, desde la Junta de Castilla y León no se deben reducir los fondos asignados a contrataciones a través de subvenciones que pudieran perjudicar a municipios menores y zonas rurales no agrupadas en Mancomunidades de Interés General.
Estos argumentos y razones ya fueron expuestos con otras palabras en las alegaciones anteriores, que está claro no se han tenido en cuenta, pero queremos recordar a modo de resumen, ya referenciado en 2015. Entendemos que intentar justificar la centralización de la contratación de servicios para ahorrar, es un análisis excesivamente superficial, poco serio, muy dañino para la economía de la empresas de las zonas rurales, da lugar a contratos de elevadísima envergadura que en muchos casos están dando lugar a la crítica de los ciudadanos y se pierde la adecuación del servicio al municipio.
3ª) Se siguen en la propuesta olvidando otras premisas importantes en la ordenación, tales como las peculiaridades propias de cada territorio, como nuestra historia, cultura, medio socio-económico que nos distingue, núcleos dinamizadores y subcomarcas naturales, como lo es la zona sur de la comarca de Peñaranda de Bte.
4ª) Reiteramos que NO estamos de acuerdo con la propuesta de ordenación territorial, y tampoco estamos de acuerdo con el mapa propuesto por la Junta de Castilla y León en el que se especifican las áreas rurales que se pretenden aprobar. El modelo de ordenación propuesto no concreta de forma clara, coherente y racional las competencias propias que asumirán nuestros municipios, ni las que serán delegadas en las áreas rurales, o en las denominadas Mancomunidades de Interés General.
5ª) Reiteramos que la Ley de Ordenación Territorial propuesta por la Junta de Castilla y León no es necesaria para ordenar unos servicios de competencia de la comunidad autónoma que ya se están prestando de forma ordenada y que se van a quedar exactamente igual que están en la actualidad. Si bien servirá de forma exclusiva para aglutinar la gestión de servicios de muchos municipios con todos los inconvenientes que anteriormente se han explicado.
Por las razones anteriormente alegadas
SOLICITAMOS
1º Sea retirado el borrador de la ordenación del territorio propuesto.
2º Nos permitan continuar con las actuales mancomunidades sin que esto suponga discriminaciones económicas y financieras a nuestro municipio.
3º Si en último caso el actual gobierno de la Junta de Castilla y León, en contra de la opinión de la mayoría de los municipios, decide continuar y aprobar este modelo de ordenación territorial, sea creada una nueva área de ordenación en la zona sur de la comarca de Peñaranda. Entendemos en este caso sería lo más justo, necesario, coherente, racional, efectivo y no discriminatorio para nuestros pueblos.